Curutchet defendió propuesta laboral de IMM para mil personas ante críticas de la coalición “multicolor”
- Curutchet rechazó críticas de multicolores y defendió trabajo para la Intendencia de Montevideo de mil personas en dificultades por la pandemia
La Intendencia de Montevideo (IMM) retribuirá con $10.500 mensuales a cada una de las mil personas que resulten sorteadas para participar durante tres meses en el plan de empleo temporal anunciado por la comuna la semana. Las inscripciones cerrarán este martes; en el primer día se registraron unas 44 mil personas para acceder a este sistema, que es criticado en filas opositoras.
Para inscribirse las personas deben residir en Montevideo, tener entre 18 y 64 años y no contar con ningún ingreso al momento del registro, salvo los subsidios por discapacidad. Si bien el llamado es realizado por la intendencia, no será esta la que contrate al personal, ya que la gestión de esos recursos humanos estará a cargo de las organizaciones sociales, cooperativas o empresas que sean adjudicadas en una licitación. La figura jurídica que corresponde a estas personas será la de "trabajador zafral" y cumplirán tareas 15 días por mes.
La propuesta despertó críticas desde la coalición de gobierno nacional por tratarse de "inoportuna" y tener un "componente electoral indisimulable", tal como afirmaron la postulante a la comuna Laura Raffo y el ministro de Trabajo Pablo Mieres.
El director de Desarrollo Económico de la IMM, Óscar Curutchet, defendió la propuesta y señaló a El Observador que forma parte de un paquete de medidas anunciadas por la administración departamental para mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria.
"Nunca puede ser un ingreso a la función pública porque justamente no es un llamado a personas para que inicien la carrera de funcionarios públicos. En primer lugar porque no se puede y en segundo lugar porque no es el objetivo que persigue el programa, que es brindar colaboración en un momento difícil", aclaró Curutchet.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, Adrián Gutiérrez, dijo a El Observador que no hay impedimentos jurídicos para que la intendencia implemente el programa, ya que no se trata de ingresos a la función pública. Otros especialistas consultados por El Observador coincidieron en que no hay impedimentos legales para la contratación, ya que no se incorporan a la plantilla de funcionarios ni serán presupuestados, algo que sí sería violatorio del artículo 229.
Curutchet se refirió a las críticas y señaló que "los tiempos electorales no tienen ninguna relación con la propuesta". "No da una solución a la problemática que está viviendo la población, porque quien puede dar soluciones estructurales es el gobierno nacional, que es quien tiene las reservas para hacerlo. El gobierno departamental lo que hace es ser sensible ante una situación de crisis", consideró.
Basado en publicación de El Observador