Miércoles, 01 05 2019
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Por NICOLÁS GRAB

Los informes de 2005 - Paradojas en la reivindicación de la memoria

La lucha por rescatar las verdades trágicas sobre la dictadura exige que se sepa recoger sus frutos. Que se los valore y se los utilice.

Artículo de Nicolás Grab, integrante del Tribunal de Conducta Política del FA

(Este artículo contiene pasajes de textos anteriores publicados por el autor.)[1]

El 8 de abril pasado el Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Feola, dijo esto refiriéndose a los crímenes de la dictadura: “No voy a repudiar hechos del pasado porque no sé si están confirmados o no”. Esa misma tarde lo rectificó en un comunicado oficial por orden del Ministro de Defensa José Bayardi.

Según trascendió[2], el diálogo que mantuvieron incluyó esta pregunta del ministro: "Que acá ha habido detenidos desaparecidos es algo que el Ejército ya ha planteado y aceptado desde el año 2005. ¿Qué piensa usted al respecto?" A lo que Feola habría contestado: "Sí, por supuesto yo no estoy en contra de lo que el Ejército ha aceptado".

Este artículo no se dedicará al episodio, que tuvo su natural resonancia, sino a algo que se mencionó en él. Algo que viene al caso y cuya trascendencia es muy particular.

El ministro Bayardi hizo referencia a lo que el Ejército “ya ha planteado y aceptado desde el año 2005”. Y el Comandante respondió admitiendo “lo que el Ejército ha aceptado”.

¿A qué se referían ambos? ¿Qué cosas “aceptó” el Ejército según reconoce el Comandante? ¿Qué ocurrió en ese año 2005?

Habrá lectores que lo sepan. Y habrá otros que no lo sepan o no lo recuerden. Muchos otros.

En 2005, su primer año de gobierno, el presidente Tabaré Vázquez ordenó que los Comandantes en Jefe recabaran información sobre los desaparecidos. Recibió entonces un informe del Comando General del Ejército, dos de la Armada y dos de la Fuerza Aérea.[3]

Esos informes confirmaron positiva y oficialmente todo lo que durante casi treinta años se había negado y se imputaba a conjuras calumniosas, y que todavía hoy se pretende volver a cuestionar o poner en duda.

Los informes confirmaron que 23 desaparecidos cuya detención siempre se había negado no sólo estuvieron presos, sino que murieron en la tortura.[4] El informe del Ejército presentó una enumeración de casos de muerte de detenidos, con esta explicación: "Los casos marcados con un asterisco, de acuerdo con la información recabada, permitirían suponer que se desarrollaron dentro del marco de operaciones de inteligencia", o sea en interrogatorios.

Son 21 los casos señalados con ese asterisco. Y si alguien tiene dudas sobre lo que significa una muerte "dentro del marco de operaciones de inteligencia", lo dejan muy aclarado algunas explicaciones individuales: por ejemplo, el informe sobre Oscar Baliñas precisa que “su deceso … se produjo por rotura de bazo”.

El informe del Ejército confirmó expresamente que era práctica habitual atribuir a "intentos de fuga" la muerte de presos. Lo explica así: "Cuando un detenido fallecía antes, durante o después de los interrogatorios, no se daba intervención a la justicia y en algunos casos se le comunicaba que se había producido una fuga, lo que determinaba un comunicado solicitando su detención, habiendo el ciudadano fallecido con anterioridad."

Entre los casos individuales se precisan detalles. En el de Julio Correa: "Posteriormente a su fallecimiento se realizó un allanamiento en su domicilio y se solicitó su captura como medida de encubrimiento." Sobre Luis Eduardo González: "Se pretendió encubrir su muerte con un comunicado de prensa en la que se ponía en conocimiento de su fuga."

Y el colmo insuperable son dos asesinatos cuyo grado de infamia no encuentra adjetivos. El informe del Ejército confirmó que dos mujeres (Elena Quinteros y María Claudia García, que tenía 19 años) murieron en asesinatos premeditados, por decisiones acordadas, ordenadas, organizadas y ejecutadas en el Ejército. Dice así su informe respecto de María Claudia (una muchacha argentina que nunca había estado en Uruguay):

"Fue trasladada a Montevideo desde Buenos Aires presuntamente por personal del Servicio de Información de Defensa, en el mes de octubre de 1976. Estuvo detenida en la sede del SID ubicado en la Avenida Bulevar Artigas esquina Palmar, separada de los demás detenidos, en avanzado estado de gravidez.

Después de dar a luz en el Hospital Militar fue trasladada nuevamente al mismo lugar de detención. En diciembre de 1976 se la separó de su hija y fue trasladada a los predios del Batallón I de Paracaidistas N° 14 donde se le dio muerte."

Respecto de Elena Quinteros dice así:

"Fue detenida por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas en su domicilio de la calle Ramón Massini No. 3044, el 26 de junio de 1976 y se le condujo a las instalaciones del Servicio de Material y Armamento (‘300 Carlos’). Se le dio muerte en el mes de noviembre del mismo año y sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I Parac. No 14, posteriormente exhumados y cremados, sus cenizas y restos esparcidos en la zona."

Como se ve, en los dos casos se usaron los mismos términos para explicar de qué murió la víctima. Murió porque "se le dio muerte".

Cuatro palabras lanzadas con la indiferencia de quien menciona de pasada un dato banal. “Se le dio muerte en noviembre del mismo año…”. ¿Se puede concebir algo más estremecedor que esta declaración impávida? Piénsese en todo lo que sobreentienden esas trece letras. Hubo quienes discutieron y acordaron que se asesinara. Hubo quien decidió cuándo, dónde y cómo se asesinaría. Hubo quienes transmitieron la orden de asesinar. Y hubo quien asesinó. (Y hubo, ¡y sigue habiendo!, quienes ocultan y encubren.)

Cuando ha llegado a plantearse una discusión inverosímil sobre si los crímenes cometidos afectan o no afectan el honor institucional del Ejército, es oportuno recordar a la madre de 19 años a la que esa institución resolvió matar y mató. Se le dio muerte. Sería lunático responsabilizar del crimen sólo al que personalmente le tronchó la vida.

Ese ser miserable actuaba en el seno de una institución. En el Ejército, con sus jerarquías y sus cadenas de mando, era inconcebible un hecho así que no estuviera explícitamente ordenado o autorizado; y bien lo confirma la actitud unánime de encubrimiento y negación que se implantó y se mantuvo por décadas. Es imposible ver estos crímenes como otra cosa que actos institucionales, sin lo cual no serían imaginables ni su concepción, ni su ejecución, ni esta concertación en la negación y la mentira.

(La actitud del Ejército de asumir institucional y orgánicamente sus actos criminales del tiempo de la dictadura, sin crítica ni objeción moral, tuvo una confirmación más en este mismísimo informe de 2005. El Comandante en Jefe que lo presentó (el Gral. Ángel Bertolotti), en la nota al Presidente que acompañó el informe, dijo esto de sus antecesores del tiempo de los crímenes: “Sabemos también que los camaradas que nos han precedido en esta responsabilidad cumplieron cabalmente con su deber en el tiempo histórico y político en el que les correspondió actuar”.)

Los informes de las Fuerzas Armadas de 2005 también contienen falsedades. Son muchas, y bastará citar un par de ejemplos. El informe del Ejército dice que los restos de Fernando Miranda y de Julio Castro fueron enterrados pero más tarde fueron exhumados y cremados y “sus cenizas y restos esparcidos en la zona".

Mentira, puesto que los restos de ambos fueron encontrados después, enterrados en predios militares. (Y Julio Castro, que según el informe simplemente “falleció”, presentaba un orificio de bala en la frente.[5]) O esto: el Ejército dijo que Elena Quinteros fue detenida “en su domicilio de la calle Ramón Massini No. 3044”, cuando en realidad la sacaron del predio de la embajada de Venezuela en un episodio tan escandaloso que generó un incidente internacional por el que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con la dictadura uruguaya.

Frente a todo esto la izquierda y las organizaciones de derechos humanos tendieron en general a adoptar una actitud que no fue acertada. Predominó siempre el criterio de poner en primer plano las falsedades de los informes y descalificarlos como una sarta de mentiras que añadió una fechoría más al encubrimiento de las atrocidades.

Es absurdo limitarse a denostar los informes por sus datos falsos en vez de proclamar a los cuatro vientos los horrores de esa confesión que desmiente tantísimas negaciones anteriores.

Los informes de 2005 fueron un logro enorme en la conquista de la verdad. Fueron un hito histórico; tardío y criticable, pero fundamental. Son la reivindicación de las denuncias vilipendiadas durante décadas en que los gobiernos prohijaron la conjura de encubrimiento de las instituciones militares.

Y son una lápida que debe sellar las pretensiones de cuestionar todavía la realidad de los crímenes. La patraña de poner en duda las atrocidades de la dictadura, aunque ha perdido el patrocinio oficial que tuvo hasta 2003[6], no ha dejado nunca de esgrimirse, sobre todo en medios militares.[7] ¿Qué refutación podría ser más eficaz que esta confesión ilevantable?

La reivindicación de la verdad y la afirmación de la memoria son partes de una lucha que no atañe sólo al pasado, sino también al futuro.

Pero hay algo que es indispensable para el éxito de esa lucha: que sus frutos se recojan. Que se los valore y se los utilice. Que los logros se consignen y las verdades reconquistadas se hagan valer como pruebas de la justicia del empeño. Es un despropósito que todo eso se desprecie y se deje caer en el olvido.

¿Qué se hizo para difundir las confesiones de los informes de 2005? ¿Qué organizaciones las publicaron y se dedicaron a divulgarlas? ¿Se buscó incorporar esas verdades en la conciencia general de la población?

¿Quién habla de los informes de 2005? ¿Se los evoca alguna vez?

Hay un indicio que lo dice todo. Los informes no existen en Internet salvo en un único lugar, que es el citado en la nota 3: en el trabajo monumental coordinado por Álvaro Rico sobre los detenidos desaparecidos. Hay que ir a buscar los informes allí: en el último de sus cuatro tomos, en la sección 3. Fuera de ahí no se los encuentra.

Hay cosas que nos falta mejorar.

Referencias

[1] Especialmente en el artículo Recordemos, publicado en vadenuevo Nº 34 (julio de 2011).

[2] Por ejemplo, en El País (9 de abril).

[3] Los cinco informes pueden verse transcritos en la sección DOCUMENTOS. Fueron publicados completos en Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos en cumplimiento del art. 4º de la Ley Nº 15.848 (Alvaro Rico (coordinador), 2007), tomo 4, Sección 3, págs. 75 a 105. El informe del Ejército es el primero (págs. 75 a 82).

[4] Los 21 casos que se comentan en este párrafo del texto (declarados por el Ejército) y otros dos declarados en el informe de la Fuerza Aérea.

[5] Por ejemplo: Subrayado (1º de diciembre de 2011): “Cráneo de Julio Castro ‘estallado por un impacto de alto calibre’".

[6] En 2003 el gobierno del presidente Jorge Batlle estableció la “Comisión para la Paz”, y en definitiva dictó un decreto en el que declaró que las conclusiones del Informe Final de esa Comisión “constituyen la versión oficial sobre la situación de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto”. Ese Informe Final concluía respecto de 26 personas que “fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos –en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional”. A diferencia de esto, los informes de 2005 fueron declaraciones propias de las Fuerzas Armadas, presentadas por sus tres Comandantes en Jefe.

[7] Comenté declaraciones de un presidente del Centro Militar en noviembre de 2016 en el artículo Un mini-Goebbels que la tuvo fácil.