El ministro de Defensa justifica un delito de lesa humanidad
El ministro Javier García no quiere que un criminal de lesa humanidad, recientemente condenado, vaya preso.
En 1972, a partir de una orden impartida por un oficial hoy fallecido, el individuo, un soldado subalterno, fusiló por la espalda a un prisionero. Algo frecuente en los tiempos del terrorismo de Estado.
El titular de Defensa justificó recientemente esa conducta militar, denominada “obediencia debida”, y lamentó que se condenase al homicida porque “pasaron muchos años”, tiene “edad avanzada”, está “enfermo y debe operarse”, y vive en un barrio de contexto crítico.
O sea que Javier García tampoco reconoce que los delitos de lesa humanidad no prescriben. El fiscal Ricardo Perciballe explicó que el soldado "le dio muerte por la espalda con una ráfaga de metralleta a alguien que estaba esposado y corriendo". Y amplió, seguramente pensando en la lamentable justificación del ministro García: "Hay que ver que este es un delito de lesa humanidad, que no prescribe, y por tanto esto ocurre y seguirá ocurriendo".
El titular de Defensa tampoco sabe o no reconoce el carácter específico, claramente diferenciado, que tienen los delitos de Estado, aquellos perpetrados por el aparato del Estado.
Cuando el ministro alega que no se debe poner preso al homicida porque está enfermo, ignora que cualquier recluso en nuestro país tiene el mismo derecho a la atención de su salud que el resto de los ciudadanos. Tampoco parece haber pensado que, de acuerdo a su criterio, toda persona enferma tendría derecho a delinquir.
El que disparó quedará preso, mal que le pese a García. Si la prisión la cumple en una cárcel, en un hospital (si requiriese internación sanitaria), o en su domicilio cuando llegase a determinada edad, son cuestiones que no hacen al asunto.
Además el ministro agregó otras “razones” por las cuales el asesino no debería ir preso. Sostuvo que se daría un “mal ejemplo” a los militares en actividad a los que se ordenase disparar contra alguien o derribar un avión (según será posible si se aprobara el artículo correspondiente de la Ley de Urgente Consideración). Es más, la frondosa imaginación de García voló hacia otros continentes y aludió a “lo que les sucedería” a los militares que, actuando en las misiones de paz de Naciones Unidas, mataran a alguien en el marco de un episodio bélico.
Además dijo que el presidente de la República lo respaldaba en su deseo de que el militar procesado no cumpliese la condena dictaminada por la Justicia. Uno desea creer que eso también lo haya dicho fuera de sus cabales, aunque el primer mandatario no lo ha desmentido, lo cual es preocupante.
Da para preguntarse si el funcionario está en disposición de cumplir con los compromisos básicos en materia de salvaguarda de los derechos humanos y compenetración con los principios que deben signar el mando militar en una democracia. Y, además, incurre en falta de respeto a la independencia del Poder Judicial.
¿Se puede creerle a este secretario de Estado cuando dice que está comprometido con el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país?