Tarifas de empresas públicas: verdades y mentiras

La emergencia sanitaria ha opacado el anuncio del fuerte incremento del entorno del 10% de todas las tarifas de las Empresas Públicas (EEPP), excepto el combustible cuyas modificaciones de tarifas fue diferido por ahora por la importante baja del petróleo a nivel mundial. A esto se suma el aumento del pago del IVA en 2 puntos porcentuales en las compras comunes, como consecuencia de la rebaja de sus deducciones con uso de medios electrónicos.

Estas medidas, con vigencia en abril, significan un aumento muy superior a todos los ajustes tarifarios de los 15 años anteriores, superiores a la inflación anualizada y, sobre todo, al ajuste de salarios y pasividades de enero 2020, que no tendrán nuevos ajustes hasta el próximo año, lo que implicará una fuerte reducción del poder de compra de la mayoría de los trabajadores y pasivos.

El análisis de este tema debe tener en cuenta varios aspectos:

1) La política de los Gobiernos anteriores del FA de ajustar en general las tarifas públicas por debajo de la inflación y muy por debajo de los ajustes de salarios y pasividades. Esto contribuía a limitar el traslado a precios y por lo tanto los efectos sobre la inflación y a mejorar la capacidad de compra de todos los trabajadores y pasivos.

2) En particular en Julio de 2019, mucho antes de saber el resultado electoral de noviembre, se comunicó a toda la opinión pública que no habría ajustes de salario por el resto de 2019 y del período de Gobierno que finalizaba el 29 de febrero de 2020. Esto se basaba en la mejora en general en la situación económica-financiera de las Empresas Públicas que permitía diferir cualquier ajuste para dejar en manos de la nueva Administración, que lo deberían analizar con toda la información disponible que oportunamente se les trasmitió y a la luz de las nuevas políticas macroeconómicas y del papel de la EEPP que aplicaría en su futura gestión de Gobierno de su exclusiva responsabilidad.

3) La administración frenteamplista dejó el 29 de Febrero a todas las EEPP con resultados positivos ( USD 600 millones) y un importante flujo de caja de disponibilidades de USD 400 millones), además claramente los informes de los presidentes de las dos principales empresas: UTE y ANCAP, han demostrado que no era necesario aumentar sus tarifas públicas sin afectar el nivel de sus servicios y bienes, ni la ejecución promedio de inversiones y transferencias a Rentas Generales de los últimos ejercicios.

4) Durante la gestión frenteamplistas de las EEPP, la oposición y en particular quienes hoy ocupan las principales responsabilidades de Gobierno, criticaron permanentemente, votaron en contra en los directorios que integraban e interpelaron varias veces a los ministros, por la política de ajustes de tarifas públicas realizadas siempre por debajo de la inflación. Pero además de ello, en varias oportunidades, exigieron (por ejemplo los legisladores Delgado y Abdala) que se rebajaran las mismas en términos corrientes (en términos reales ya se hacía).

5) Esos mismos actores políticos, y en particular el Presidente Lacalle, durante toda la campaña electoral 2019 proclamaron que en NINGÚN caso se recurriría al aumento de tarifas e impuestos, ya que eso provocaba efectos recesivos y que era necesario “aflojarle el cinturón” a la población. Seguramente esta “promesa” incidió fuertemente en la opinión pública, que durante años fue permanentemente bombardeada con los “aumentos de tarifas” que en realidad siempre significaron aumento de su capacidad de compra.

Por lo tanto, la conclusión de estos temas debe apoyarse, en desarmar y hacer conocer las mentiras lanzadas por el Gobierno actual sobre la situación de las EEPP, considerar el claro cambio de la política macroeconómica y de papel de las EEPP utilizado hasta 2019 por los Gobiernos del FA comparando con la que utilizará el nuevo Gobierno en su “adecuación tarifaria” como mayor recaudación, más allá de la situación y necesidad de las Empresas, y afectando la capacidad de compra de la mayoría de la población y por último, pero fundamentalmente, en la necesaria valoración y denuncia del cambio de discurso que exhibían cuando eran oposición y el claro incumplimiento de promesas electorales desde las primeras medidas del nuevo Gobierno.