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Alianza para el retroceso

Pablo Urreta aporta elementos sobre la inclusión financiera Pablo Urreta aporta elementos sobre la inclusión financiera San José Ahora

POR PABLO URRETA

¿Vieron quienes impulsan la derogación de la ley de inclusión financiera?
Los promotores son dos mercenarios que han obtenido notoriedad pública en base a mentiras comprobadas, algunos "empresaurios" que basan su negocio en el pago en negro a sus trabajadores y en la evasión tributaria, y parte de una oposición desesperada y sin ideas que quiere volver al pasado y defiende los intereses de sus amigos.
Ojo, tienen todo el derecho del mundo a discrepar con la ley, lo que no es de recibo es que apelen a desinformar y a mentir descaradamente para lograr sus objetivos que una vez más van en contra de la enorme mayoría de los uruguayos.
En su discurso mienten sobre el alcance de la obligatoriedad de la ley, sobre el alto costo que tiene para el comercio, dicen que es un negocio para los bancos y vuelven a mentir cuando hablan de la pobre gente que tiene que trasladarse más de 50 Km para poder cobrar.
Las restricciones para el uso de efectivo aplica solamente para operaciones financieras de montos elevados (alquileres, compra venta de casas y vehículos, etc) y para el pago de sueldos, pasividades y honorarios que deberán realizarse a través medios electrónicos pero con algunas excepciones. Si Ud se jubiló antes de noviembre de 2015, o es un trabajador rural, o es una trabajadora doméstica, o vive en un pueblo de menos de 2000 habitantes, o no tiene un cajero o una red de cobranza a menos de 30 cuadras de su casa o trabajo, no está obligado a cobrar a través de la tarjeta, puede seguir haciéndolo en efectivo. Si Ud es uno de los casos anteriores y le dicen que tiene que cobrar con tarjeta, sepa que es una decisión de su patrón no de la ley.
El comercio no está obligado a usar tarjetas, ni de débito ni de crédito, eso es opcional. Sobre los altos costos que implica tenerlas, antes de la ley de inclusión financiera los aranceles que pagaban los comercios era del 7% del valor de la compra, hoy eso bajó a 4,5% en el caso de la de crédito y a 2% en el caso de la de débito, y además en las compras con débito el comercio recibe el importe de la compra realizada, al otro día en su cuenta. El costo del POS que permite pagar con la tarjeta, cuesta $ 316 por mes, pero al pequeño comercio le sale menos de $ 100 porque el gobierno subsidia el 70% en esos casos.
Que es un negocio para los bancos, también es falso, es más, los primeros y principales opositores a la aplicación de la ley fueron los bancos porque a ellos si los obliga a aceptar como clientes a un montón de gente que históricamente estaban fuera del sistema y a brindarles un conjunto de servicios gratuitos que antes cobraban.
Hechas estas aclaraciones, volvamos a los promotores porque como dijo Leonard Cohen "a veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están del otro lado".
La iniciativa fue del inefable Dr. Salle y de Nery Pinatto. El primero un ex funcionario de la dictadura y conocido por frases como "este gobierno promueve la homosexualidad y la falopa" y otras barbaridades por el estilo que no resisten el más mínimo análisis; y el segundo es un dibujante de encuestas de opinión que es financiado por varias intendencias del Partido Nacional (Maldonado, Colonia, San José, Artigas, etc), que le pagan cientos de miles de pesos al año por "programas periodísticos", "asesoramientos de imagen" y otros trabajos de dudosa utilidad. El objetivo de estos dos personajes es hacerle los mandados a la derecha criolla y aportar su granito de arena para desprestigiar las acciones del gobierno.
Por otro lado están algunos patrones del comercio y la industria cuyo único objetivo es defender su bolsillo por la vía de la evasión de impuestos y el pago de sueldos miserables y en negro como lo hicieron toda la vida.
En su ecuación nunca ponen los beneficios que representa esta ley para los consumidores, trabajadores, pequeños empresarios y para el país, no les interesa ni la transparencia, ni modernizar el sistema de pagos, ni integrar a los que están fuera del sistema, ni reducir el efectivo para mejorar la seguridad ciudadana; no les importa que los que compren con débito paguen 4 puntos menos de IVA, no quieren que los trabajadores tengan una cuenta bancaria para acceder a créditos baratos, etc.
Nada de eso les interesa, porque si Ud paga en efectivo ellos le cobran todo el IVA y se lo quedan o aportan un ficto o simplemente declaran menos de lo que facturan, porque tienen trabajadores por los que no hacen ningún aporte, o los ponen en caja por la mitad del sueldo, o no les pagan ni siquiera el laudo previsto en los consejos de salario, y la ley los expone.
Además, según informa el BPS el año pasado en los sectores comercio e industria se detectaron 197.000 puestos de trabajo en negro y según la DGI la evasión de IRAE registrada en 2016 fue de U$S 500 millones.
Entonces quieren discutir la ley de inclusión financiera?, bien, discutamos todo Sres. Por ejemplo si Uds pagaran todo el IRAE se podría bajar un punto de déficit fiscal, o analicemos cuantas escuelas, liceos, centros caif, hospitales, rutas nacionales, etc se podrían construir con lo que Uds dejan de pagar de IRAE por año, o discutamos el perjuicio que le causan Uds al estado y a los 197 mil trabajadores por tenerlos en negro, porque Uds son los primeros en reclamar más y mejores servicios, y eso cuesta y  sale de los impuestos que pagamos todos, bueno casi todos.
Y finalmente, como no podía ser de otra manera se sumó a la fiesta Lacalle Pou levantando la bandera de la libertad.
El mismo que se opuso a la ley anti lavado y a la reforma fiscal, que no votó la ley de trabajo doméstico ni las 8 horas para los trabajadores rurales, que se opuso al matrimonio igualitario y a la ley del aborto, el que no está de acuerdo con los consejos de salario ni votó la ley de responsabilidad penal empresarial, al que le parece una fortuna invertir U$S 290 millones por año para apoyar a los 300.000 uruguayos que están por debajo de la línea de pobreza, pero cree razonable destinar U$S 500 millones anuales para bancar a 50.000 militares retirados, etc etc, y ahora obviamente apoya este proyecto para derogar la ley de inclusión financiera.
Y lo hace en nombre de la libertad, ¿de la libertad de quién?, ¿de la libertad de los evasores?, ¿de la libertad de quienes lavan activos?, ¿de la libertad de los patrones para seguir teniendo trabajadores en negro y pagar por debajo del laudo? Seguramente se refiere a la libertad de estos grupos que sí afecta la ley, no a la de la gran mayoría de los uruguayos, porque como vimos, él y su partido no apoyan nada que implique igualdad de oportunidades, inclusión y nuevos derechos para los excluidos de siempre.

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