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Libre circulación. El decreto, la coyuntura y el porqué

Florencia Agrafojo: Técnica en administración de empresas, miembro de la Jota 21 y AU, concejala Municipio B, delegada de AU a la Coordinadora B del FA. Florencia Agrafojo: Técnica en administración de empresas, miembro de la Jota 21 y AU, concejala Municipio B, delegada de AU a la Coordinadora B del FA. @floragra

POR FLORENCIA AGRAFOJO


Hace unas semanas, durante el Consejo de Ministros realizado el lunes 20 de marzo en el balneario San Luis, nuestro presidente, el doctor Tabaré Vázquez, firmaba un decreto que prohíbe el corte de rutas habilitando a la policía a actuar para “preservar el uso público de calles, caminos o carreteras.”

Lo que se busca con esa normativa, según el decreto, es “garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad.” Además habilita al Ministerio del Interior a “requerir de forma directa el auxilio de otros organismos públicos”, lo que permite realizar acciones con la justicia de una manera más eficaz.

ANÁLISIS NORMATIVO
El decreto 76/017 reglamenta el artículo 7 de la Ley Orgánica Policial N° 19.315 y actualiza el decreto 127/99.

El debate y la crítica que se hace sobre el mismo es si es o no inconstitucional y si viola o no el derecho a huelga de los trabajadores, así como también el de libertad de expresion y reunión, todos derechos constitucionales. El artículo 7 del decreto dice: “Lo establecido en el presente Decreto Reglamentario no será de aplicación ante lo previsto en el artículo 57 de la Constitución de la República.”

Vale aclarar, en primera instancia, que jamás una ley (Acto Legislativo) ni un Decreto pueden estar jerárquicamente por encima de una norma constitucional. No obstante el propio decreto al citar el artículo 57 ya deja más que claro este principio de las normas jurídicas. El mismo dice lo siguiente (ART 57 de la Constitución):

“La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamenta su ejercicio y efectividad.”

COYUNTURA Y REPERCUSIONES
Cuando sale una normativa siempre es bueno entender el porqué de la misma y el para qué se crea, por lo cual la coyuntura no puede estar ajena. El gobierno frenteamplista se puso al hombro promover cambios en la Policía Nacional desde el primer día, para lo cual se sancionaron dos importantes leyes garantistas: la “Ley Orgánica Policial” mencionada anteriormente y “Ley de Procedimiento Policial” N°18315.

En los gobiernos anteriores al Frente Amplio, la policía estaba inspirada en la concepción de orden público, concepto jurídico que no tiene una determinación concreta, ya que para la derecha, por ejemplo, una marcha donde se reclaman mejoras salariales puede atentar contra el orden público y para un gobierno de izquierda es solo una manifestación del derecho de huelga.

La ley orgánica no refiere al concepto jurídico mencionado en el párrafo anterior, sino que la concepción doctrinaria que prima es la de “seguridad de los habitantes”, donde se resalta que la policía es una fuerza civil que está para proteger a las personas en el goce de sus vidas y su relacionamiento en sociedad.

En las últimas semanas de marzo en nuestro país, hubo una serie de conflictos que atentan contra nuestra economía. Pujas de poder entre empresarios arroceros, principalmente entre la Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC), que representa a las empresas transportistas de carga, y la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA).

En el este del país hicieron que hubiera plantas con una paralización casi total de la producción, ocasionando también el corte de rutas nacionales. Dicho conflicto aparenta ser por una guerra de tarifas.

Dichas patronales no se encuentran amparadas por el artículo 57 de la Constitución, ya que una patronal no se compone nunca de trabajadores, sino que de empresarios, por lo cual sí son alcanzadas por el decreto. Reiteramos: no sería de la misma manera si quienes se estuvieran manifestando fuesen trabajadores.

Otro tema que vale aclarar es el del bloqueo del acceso a la planta de Ancap en La Tablada por parte de los trabajadores del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA) por el reclamo de la no aplicación del convenio colectivo. En este caso no hubo aplicación del nuevo decreto, sino que se aplicaron las normas laborales, llegando incluso a una negociación entre la gremial y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde también hubo intervención del ministro del Interior Eduardo Bonomi, quien contribuyó de manera positiva con esta negociación, que permitió levantar el bloqueo del acceso a la planta. Horas más tarde se reunieron el director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y autoridades de Secretaría de Presidencia de la República y representantes del SUTCRA y del PIT-CNT.

Lo importante a destacar de este análisis es que el conflicto arrocero y el reclamo del SUTCRA son totalmente paralelos.

En el primero corresponde aplicar el Decreto 76/017, lo cual habilita la intervención del Ministerio del Interior; es un conflicto entre empresarios.

En el último se aplican normas laborales y se realiza una mediación para habilitar el acceso a la planta de Ancap, para evitar el desabastecimiento de combustible, y los trabajadores hacían uso de su derecho constitucional de la manifestación de huelga. En estos casos no se aplica jamás el decreto en cuestión.

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