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El discreto encanto de las fiscalías militares

Edgardo Carvalho, expresidente de Antel Edgardo Carvalho, expresidente de Antel Espectador

POR EDGARDO CARVALHO

SOBRE LAS ACUSACIONES A LORENZO Y CALLOIA
He leído, con asombro creciente a medida que avanzaba en el texto, el escrito de acusación de la fiscal Camiño, requiriendo la condena de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia.
Sorprende la ligereza, la ausencia de todo razonamiento jurídico serio y argumentado, la irresponsable insistencia en afirmaciones cuya falsedad ya fue abundantemente demostrada a lo largo del proceso, para culminar con la petición de penas insensatas, de una severidad desconocida por la jurisprudencia sobre el delito de abuso de funciones. Veinte meses de prisión, inhabilitación especial de dos años, multa de 30.000 dólares en unidades reajustables...

Pero además, me ocurre que, por debajo del asombro (y el fastidio, por qué no reconocerlo) lentamente surge una evocación, algo como un "dèjá vu", la sensación de estar frente a un tipo o modelo de acusación fiscal ya conocido.

Y esa sensación terminó por concretarse en mi memoria. Cuarenta años atrás, defendiendo a personas sometidas a proceso en la llamada justicia militar, lo habitual era enfrentarse a dictámenes fiscales con una estructura muy semejante al de la señora Camiño. Dictámenes siempre severamente condenatorios, que no se detenían en el examen de las pruebas y las argumentaciones jurídicas de las defensas, que no profundizaban en el examen de los tipos delictivos imputados, y que se emitían en realidad para cumplir con una simple formalidad procesal en juicios cuyo resultado estaba determinado automáticamente desde el primer día. La decisión de la corporación militar era la culpabilidad del prisionero. Ya que había llegado hasta allí, solo se podía condenarlo. Una sentencia absolutoria (admitir una equivocación, un error en la interpretación de los hechos o la ley) era impensable porque significaría tanto como admitir que la corporación podía equivocarse, con la consiguiente afectación de su seriedad y su prestigio como salvadores de la patria.

Un mal recuerdo, lo admito, y una sensación extremadamente incómoda de sentir cuando estamos en plena vigencia de la democracia y el estado de derecho, pero la realidad está ahí. El futuro dirá si hay justicia en este país para Lorenzo y Calloia o si, a pesar de los hechos incontrovertibles y la irrefutable argumentación de las defensas, en definitiva pesará más el propósito de conservar impoluto el prestigio de la magistratura y el ministerio público, supuestamente afectados si se terminara por reconocer los errores cometidos en un caso de gran trascendencia pública, forjado a partir de las presiones políticas de la derecha y el linchamiento mediático de dos funcionarios que actuaron al margen de todo interés personal y con el solo propósito de contribuir, siguiendo las orientaciones del gobierno y del parlamento, a la solución de un complejo problema social y económico.

Un dictamen farragoso

Veinte fojas abarca el dictamen de la señora Camiño. Prácticamente el 90% del texto se ocupan para recopilar lo actuado en el expediente, sin omitir, por supuesto, dos fojas iniciales destinadas a comentar la situación de PLUNA S.,A. y el proceso seguido contra sus administradores, lo que obviamente nada tiene que ver con los hechos por lo que se responsabiliza a Lorenzo y Calloia. Como al pasar, otra vez, se insiste en vincular de cualquier manera, aprovechando cualquier oportunidad, situaciones que no tienen ninguna relación, en una amalgama que facilitó la confusión de la opinión pública y la campaña mediática para destruir la imagen de los dos destacadísimos integrantes del gobierno y la administración frenteamplista.

De la lectura de su extenso "recorte y pegue", (que de eso se trata básicamente el dictamen), resulta claro que la fiscal ni siquiera se ha tomado el trabajo de leer los fundados escritos de las defensas (a cargo de destacados docentes de Derecho Penal) y mucho menos de analizar las pruebas producidas a lo largo del dilatado proceso. Ninguna referencia a ello, ni siquiera una palabra. Solo se basa en lo actuado hasta el auto de procesamiento. Lo demás, o no lo ha leído o no le interesa. Su opinión ya está formada antes de abrir el expediente.

A lo sumo, muy de vez en cuando, introduce algunos comentarios de su cosecha. Comentarios que en ocasiones parecen revelar que confunde los hechos y los tiempos, que mezcla el otorgamiento del aval con los hechos posteriores a la subasta y que confunde el aval otorgado por el BROU a Cosmo con la contragarantía ofrecida por López Mena primero a través de Boston Seguros y luego asumida directamente por él ante la negativa a pagar de la empresa aseguradora alegando defectos de forma.

A modo de ejemplo, solo alguien sumido en una profunda confusión puede seguir hablando a estas alturas de "un negocio nefasto para el país y para aquellos que intervinieron y resultaron procesados" para agregar luego, enigmáticamente, "que además todos sabían que (López Mena) ) se había bajado de su postura de interesado en la compra de las aeronaves" (¿?) ... Para culminar la confusión señalando que "además del abuso de funciones en que se incurre peor aún es el resultado. No solo hubo que ejecutar el aval ...sino que además inmediatamente después de la subasta el oferente a quien habían otorgado el aval en forma más que irregular dejaba sin efecto el negocio...", todo como si Lorenzo y Calloia, por haber estado provistos de una bola de cristal, debieran también responder por los hechos supervinientes: el escándalo político, el linchamiento mediático, la furiosa oposición sindical (y no solo sindical), que derivaron al final en que López Mena desistiera de seguir adelante con la compra de los aviones subastados.

El error básico

Sin embargo, algo hay que agradecerle a la fiscal: la claridad con que, casi al final de su dictamen hace evidente, en negro sobre blanco, el error sustancial en que se basa su acusación, y que es el mismo en que se han basado hasta ahora todas las decisiones que han permitido seguir con vida a un proceso penal que no tiene ningún fundamento válido.

Dice la señora Camiño que "no se puede preservar el interés nacional violando normas y reglamentos, es decir a toda costa".

Es que solo de eso se trata, efectivamente. Violación de normas y reglamentos. No ha habido más que eso, se lo mire por donde se lo mire. El detalle es que no toda violación de normas y reglamentos queda necesariamente atrapada por el Código Penal. Si fuera así, habría que multiplicar el número de juzgados penales, para empezar.

Desde su creación en 1952, el Tribunal de los Contencioso Administrativo ha anulado (y lo sigue haciendo, muy activamente, por cierto) miles de resoluciones administrativas dictadas en los más diversos niveles del estado. ¿Por qué lo hace? Pues precisamente porque esas resoluciones se adoptaron violando normas y reglamentos, tal como en opinión de la fiscal hicieron Lorenzo y Calloia. Sin embargo, en ninguno de esos casos el TCA remitió automáticamente los antecedentes a la justicia penal para que se enjuiciara a los funcionarios responsables de las decisiones anuladas. ¿Por qué habrá sido así? ¿Por qué sigue siendo así hoy? ¿No conocerá el Tribunal de lo Contencioso administrativo el Código Penal?. Por supuesto, nada de eso.

Lo que ocurre es que una simple ilegalidad administrativa no corresponde al derecho penal, sino a otros ámbitos jurídicos, como se ha dicho. No todo apartamiento de las normas que regulan la actuación administrativa o toda extralimitación al aplicarla es "per se" delictiva. Nuestro sistema jurídico tiene previstas variadas formas de mantener la legalidad, por muy distintas vías (acciones de nulidad, responsabilidad política, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, acciones de amparo, etc.). Para que una actuación administrativa sea delito, en los términos del art. 162 del Código Penal, abuso innominado de funciones, deberá haber existido, además de la violación de la norma o de la extralimitación en aplicarla, otros tres elementos: el dolo, la arbitrariedad y el daño al estado o a un particular.

Es en el examen de estos tres elementos, sin cuya existencia simultánea no hay delito, que la omisión de la señora fiscal es total. O los ignora por completo o apenas hace alguna alusión aislada. Pero nada más. Es claro que para ella los dos procesados deben ser condenados, eso sí, a toda costa y a una pena muy severa. Y todo ello sin que sean necesarios mayores razonamientos jurídicos. Releyendo su dictamen compruebo que mi memoria no se ha activado sin motivos.

¿Ha habido dolo?

Porque resulta que hasta ahora nunca se ha cuestionado que este delito solo se configura si ha existido dolo, es decir que no es suficiente con que haya existido culpa, negligencia, error o incumplimiento de leyes o reglamentos. Se requiere conciencia y voluntad de estar cometiendo un acto arbitrario enderezado a causar perjuicio a la administración o a los particulares. No hay delito de abuso de funciones si el responsable de los hechos no persigue la finalidad de perjudicar a la administración o a un particular.

Siempre se entendió así y con meridiana claridad lo dijo el Ministro de la Suprema Corte, Dr. Felipe Hounié, en su discordia con el fallo de casación que mantuvo el procesamiento de Calloia. Para que exista delito de abuso de funciones "no alcanza entonces con que la acción imputada represente un formal apartamiento de los deberes del funcionario, sino que se requiere que dicho acto responda a la voluntad consciente del funcionario de violentar sus deberes, requiriéndose, además que su conducta esté dirigida a ocasionar un perjuicio a los particulares o a la Administración Pública"

Me pregunto: ¿puede alguien sensatamente pensar que Lorenzo y Calloia deseaban conscientemente abusar de sus cargos para generarle perjuicios al estado o a algún particular?

¿Pudo ser esto entonces lo que buscaban estos dos altos funcionarios del gobierno progresista: causar perjuicio al estado o a alguna persona?

Para imaginar semejante dislate habría que suponer que después de nueve años de servicios intachables en altas responsabilidades de gobierno y administración ambos han perdido simultáneamente la razón y se han confabulado para causar perjuicio a la Administración a la que sirvieron con tanta dedicación, y todo esto sin procurar con ello beneficio personal alguno, como reconocen todos los jueces y fiscales que han intervenido desde el primer día en el caso.

¿Extraño, verdad? Un mínimo de sensatez, dejando aparte por un segundo lo que parece el obsesivo deseo de condenar de cualquier manera a Lorenzo y Calloia llevaría necesariamente a compartir las palabras del Dr. Carlos Maggi (que por algo fue abogado jefe del Banco Central durante varias décadas) en su recordado artículo "La tela y la tutela" publicado en EL PAIS: "En el caso PLUNA los políticos de la oposición hicieron denuncias contra los funcionarios que de buena fe procuraron un bien para el país...los funcionarios públicos que intervinieron no cometieron ningún acto tendiente a sacar un provecho personal. Lo hicieron cometiendo muchas desprolijidades, pero actuaron para atenuar las pérdidas del Estado..."

La total inexistencia de voluntad de causar perjuicios a la Administración sería suficiente para descartar la existencia del delito. Solo el empecinado ánimo de mantener a como dé lugar las erradas resoluciones dictadas al comienzo de esta causa puede justificar que se insista en atribuir delito a Lorenzo y Calloia.

¿Ha habido arbitrariedad?

La exigencia de que el comportamiento del funcionario deba ser arbitrario para que exista delito de abuso de funciones no está allí por casualidad ni porque a los redactores de códigos penales les guste ser repetitivos

Por consiguiente la arbitrariedad debe representar algo distinto del simple apartamiento de la norma legal o del reglamento administrativo. No existe nada como una arbitrariedad "objetiva", que atraparía en las redes del artículo 162 cualquier apartamiento de un funcionario público de la correcta aplicación de una norma legal o reglamentaria. La ilegitimidad o extralimitación no implica necesariamente arbitrariedad y el actuar administrativo puede responder a múltiples factores, comenzando por la urgencia y la necesidad, que provocan concretos casos de apartamiento de las normas y que no resultan arbitrarios ni están movidos por fines delictivos.

La intepretación de la referencia legal al acto arbitrario es algo que la jurisprudencia y la doctrina nacional han tenido muy claro hasta ahora. Una somera reseña podría comenzar por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, que ha dicho: "es esencial en la figura la nota de arbitrariedad entendida como un proceder o dictaminar por capricho o en contra de los intereses de la razón".

En la doctrina nacional, se ha definido el acto arbitrario como aquel en que el móvil del acto discrecional colide con el interés público, en mérito de coincidir con uno particular, por ej.: venganza, odio, enemistad, sectarismo político, etc.".

También se ha dicho que son conductas arbitrarias aquellas guiadas por: "el sectarismo, la prepotencia, la represalia, la venganza, el rencor, el despecho, el deseo de obtener ventajas sociales o políticas, el espíritu vejatorio o cualquier otro similar".

Sinteticemos: para que un acto fuera considerado arbitrario, (al menos hasta el procesamiento de Lorenzo y Calloia), se necesitaba que el funcionario público actuara movido por algún capricho espurio, elemento central que se requiere para calificar un acto como arbitrario, y sin el cual no hay delito al tenor del art. 162 del Código Penal.

Nadie ha podido explicar hasta ahora que hubo de arbitrario en el esfuerzo por facilitar que el único interesado en adquirir en 136 millones de dólares los siete aviones Bombardier, el principal cliente del Banco de la República, Sr. López Mena, pudiera presentarse a la subasta, a través de la firma COSMO, presentada, referenciada y garantizada por él.

Desaparecido el fantasmagórico otro supuesto interesado (los delincuentes que actuaban bajo el nombre de Mont Fortelco, luego huidos del país para eludir sus deudas laborales) , a la hora de la verdad solo estaba interesado en esos aviones el señor López Mena, nada menos que el principal empresario transportista del país y cliente de primera línea del BROU, quien resolvió (como es común en el mundo de los negocios, aunque en este caso, parece haber mediado una cierta dosis de ingenuidad), no participar directamente sino a través de una firma presentada y garantizada por él, resultando así ser el "único mejor postor" según dijera, en recordada frase, el fiscal Gómez.

En el éxito de esa subasta estaba interesado todo el gobierno nacional, sana y legítimamente preocupado por solucionar, en el marco de una ley sancionada al efecto, el impacto económico, social y turístico de la quiebra de PLUNA, S.A.

Nunca fue razonable suponer que Fernando Lorenzo fue el encargado de interesar al importante empresario en una posible presentación a la subasta. Luego de la rotunda intervención de José Mujica en el Senado de la República, con la franqueza y honestidad que lo caracterizan, ya no pueden caber dudas de que esa gestión se realizó, en todo caso, al más alto nivel del gobierno. "No le peguen a Calloia, péguenme a mí" son palabras muy enfáticas y suficientemente claras para quien quiera oírlas, palabras que, descuento, habrán sido luego ampliadas en la declaración por escrito prestada por Mujica ante la magistrada actuante. En mi opinión, constituyen un reconocimiento honesto y franco de lo que siempre pudo suponer sin esfuerzo cualquier persona medianamente informada: Lorenzo y Calloia fueron simplemente el último eslabón de una cadena de esfuerzos gubernamentales, nacidos en las más altas instancias y animados por el justo y legítimo propósito de evitar más pérdidas al estado, abriendo al mismo tiempo una vía de solución a los complejos problemas derivados de la quiebra de PLUNA.

Resulta ahora más claro que nunca, que Lorenzo y Calloia, al actuar como actuaron, no incurrieron en ninguna arbitrariedad, no actuaron por mero capricho y mucho menos espurio, sino que simplemente se esforzaron por instrumentar aquello que se entendía, a nivel del Poder Ejecutivo, como una solución viable al problema de PLUNA, para lo cual debieron actuar en las condiciones de extrema urgencia surgidas de la inminencia del remate y , siempre, siempre, con el único y evidente propósito de evitar más pérdidas al estado.

Y la señora fiscal Camiño, tendrá algo que decir sobre esto en su dictamen? Pues nada, absolutamente nada. Mientras ocupa fojas y fojas en glosar actuaciones y declaraciones completamente laterales, ni una palabra sobre este hecho central, esencial para la tipificación del delito imputado. En fin, no puedo dejar de señalarlo, es solo que otra vez la molesta memoria se hace presente...

¿Ha habido daño?

Porque si no lo ha habido, si no ha habido perjuicio a la Administración o a los particulares, el delito no existe. Por lo menos, así se entendía hasta el caso de Lorenzo y Calloia.

Con respecto al daño, tradicionalmente se admitía que este requisito legal se configuraba con la sola intención de producir perjuicio, aunque éste no llegara a materializarse. Pero nadie discutió nunca que para cometer el delito de abuso de funciones se debía perseguir la finalidad de perjudicar a la Administración o a un particular. Sin ello, no existía el delito.

Incluso hay que señalar que en diciembre de 2006, un notable fallo de la Suprema Corte de Justicia, redactado por el Ministro Dr. Daniel Gutiérrez estableció que para entender configurado el delito, no solamente es necesario que haya existido el conocimiento y la voluntad de abusar del cargo y ejecutar un acto arbitrario con la finalidad de causar perjuicio, sino que ese perjuicio además debe haberse efectivamente materializado.

Como ha señalado Diego Camaño, la Corte comenzó así a aplicar un criterio garantista, estableciendo límites más nítidos, claros y exigentes para que se pueda configurar el delito, "evitando el recurso al derecho penal como mera herramienta simbólica o de judicialización de asuntos políticos". Al parecer, ha sido suficiente con llevar a juicio a Lorenzo y Calloia para que la jurisprudencia comience a involucionar...

Es absurdo, hablar a esta altura del multicitado aval como de un negocio nefasto para el país", tal como lo hace la fiscal Camiño. Parece un eco de aquella demencial afirmación de la jueza De los Santos según la que Lorenzo y Calloia "implicaron al estado uruguayo en pérdidas millonarias", mezclando, por ignorancia o interesadamente, vaya uno a saber, las pérdidas de la empresa Pluna, con supuestas "pérdidas",absolutamente inexistentes, que habrían derivado del aval otorgado por el BROU a la empresa Cosmo.

Porque, como lo explicó Carlos Maggi en el artículo mencionado "... lo primero es observar el panorama sin pasión partidaria ...el fracaso de la venta al mejor postor devengó un crédito a favor del erario público, una ganancia de trece millones seiscientos mil dólares (un décimo del valor estimado de los aviones). De ese hecho no se habla y es el cerno de la cuestión" Lamentablemente el Dr. Maggi ya no está entre nosotros. Ello nos priva de conocer que opinaría sobre la afirmación de la fiscal Camino en cuanto a que el otorgamiento del aval fue "un negocio nefasto para el país" ...

.El estado no solo no perdió, sino que se enriqueció con una multa de más de 13 millones de dólares, importe que está abonando regularmente y con intereses el Sr. López Mena.

Parecería, por último, que la señora fiscal Camiño, advertida de la insanable debilidad de proponer al " negocio nefasto" como elemento constitutivo del perjuicio al estado, y visto que algo tiene que decir para poder acusar a Lorenzo y Calloia de haber cometido un delito, apela a sostener que el daño consistió en que ambos habrían sido causantes de "un palmario desprestigio a la recta imagen de la Administración Pública".

Vaya, vaya...a lo largo de mi vida he oído afirmaciones extravagantes, pero sin duda ésta se incluye entre las más notables. Lo que no es más que una opinión necesariamente personal, de carácter insanablemente subjetivo, y como tal susceptible de nutrirse de parcialidad política y de estar influida por la campaña de linchamiento mediático, se afirma tranquilamente, como si debiera aceptársela como hecho objetivo y verificable por la ciencia.

Por el contrario, es la radical subjetividad de la afirmación lo que la hace absolutamente inviable para configurar una conducta delictiva, mientras estemos en un estado de derecho.

No creo que en la historia de la justicia penal uruguaya alguna vez alguien haya invocado algo tan insólito como hipótesis de daño que pueda configurar abuso innominado de funciones. Sería bueno conocer antecedentes, si los hay.

Con mucha mayor razón, en materia de "recta imagen" de la Administración, podría opinarse que si algo ha podido dañarla ha sido el hecho de que dos altos funcionarios a cargo de funciones trascendentes del estado, se hayan visto mezclados, una y otra vez, de manera inexplicable, con la instrucción de una causa por supuestos delitos de estafa que no tenía la más remota conexión con ellos.

Las gestiones de Lorenzo y Calloia, mal que le pese a la señora fiscal, solo han prestigiado al estado uruguayo.

En definitiva, mi memoria insiste una y otra vez en traerme aquellos malos e inoportunos recuerdos. Pero a la luz del escrito de la señora fiscal, tal parece como si Lorenzo y Calloia estuvieran condenados desde ya e importaran muy poco los argumentos que se usarán para justificar esa condena.

Es que cada día todo está más claro. O tal vez más oscuro. En fin, el futuro dirá si hay justicia para Lorenzo y Calloia en este país o si deberán ir a buscarla más allá de las fronteras de su patria.

Saldos y retazos

Esto se ha alargado demasiado, pero por si algún lector hubiera llegado hasta aquí, no puedo sustraerme a la tentación de salir un poco del terreno jurídico para hacer algunas consideraciones de orden político,

El tiempo ha ido transcurriendo y la realidad ha ido poniendo ya algunas cosas en su lugar y permitiéndonos avizorar otras, que cuentan con altas probabilidades de ocurrir en un futuro.

Los aviones Bombardier se fueron del país y quienes se los llevaron pagaron por ellos menos de 70 millones de dólares. Estamos, finalmente, sin la famosa y estratégica "línea de bandera".

No está de más entonces recordar que existió la posibilidad de que un empresario uruguayo (movido por su interés, por supuesto, como es legítimo y natural en quien arriesga su dinero y no el del estado) pagara 136 millones de dólares para quedarse con esos aviones, colocar parte de ellos en el extranjero y utilizar los restantes para consolidar y ampliar su aerolínea, utilizando las rutas de PLUNA y empleando parte de su personal.

Tampoco está de más recordar como la decisión de presentarse a la subasta a través de otra firma desató una furiosa campaña política, mediática y sindical, probablemente peor que si se hubiera presentado directamente el interesado, con su nombre y apellido, aún sabiendo las resistencias que suscita en algunos medios. Pero sin duda fue esa campaña, de una virulencia desconocida, la que provocó en definitiva (que empresario no hubiera hecho lo mismo en esa situación?) el desistimiento de López Mena.

Parece oportuno recordar también la ferocidad sin límites con que la derecha y sus grandes medios se lanzaron sobre el gobierno frentista y en particular sobre Lorenzo y Calloia para destruir políticamente a dos figuras relevantes y prestigiosas, como personas y como gestores públicos. En particular, para cerrar el paso a Lorenzo, a quien muchos empezaban a visualizar como un posible candidato.

Campaña a la que se sumaron alegremente los trabajadores de PLUNA, de la forma más injusta e irracional, sin entender que los esfuerzos del gobierno se orientaban a defender el interés público y garantizar la continuidad de puestos de trabajo. Tal vez algunos se estén preguntando ahora (agotado el seguro de paro especial, con 15 millones del FONDES dilapidados y dirigentes con sus propiedades personales hipotecadas en garantía de un proyecto inviable desde el primer día) si no hubiera sido mejor negociar con un adquirente uruguayo de los Bombardier para asegurar la subsistencia de la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. Tal vez se lo pregunten incluso los dirigentes sindicales de otros gremios que los apoyaron y animaron. Hasta podríamos preguntarnos si todo esto no habrá sido otra consecuencia del "gobierno en disputa".

Y tratando de ver la película completa, tendremos que recordar como actuaron otros protagonistas. Empezando por aquellos que se dieron prisa por desvincularse de todo contacto con PLUNA S.A., condicionando la aprobación de la ley especial a que el MEF se hiciera cargo de los cheques por combustible y calificando en todos los medios a Campiani como "fantasma".

Siguiendo por el senador del PC, que directa y públicamente amenazó a López Mena con el recordado : "bajate, hermano, porque si no te vamos a bajar nosotros"...

Seré injusto, estaré equivocado, pero lo que respiré aquellos amargos días, junto a la solidaridad formal expresada hacia afuera, fue un ambiente contaminado por la penosa visión de muchos que hacían cuentas sobre quien pagaría el "costo político" del escándalo desencadenado por la derecha.

El silencio sepulcral con que se ha acogido ahora la demasía de este último dictamen fiscal (a excepción de una declaración del FLS, muy poco difundida), contrasta con la locuacidad con que la Mesa Política y otros organismos parecen siempre prontos a expedirse en otras situaciones, muy distintas, por cierto.

Y también es importante recordar que cuando fueron procesados Lorenzo y Calloia estaba prácticamente culminado el estudio de la reforma del Código Penal, después de años de trabajo. Y que esa reforma, redactada por consenso interpartidario y con distinguidos asesoramientos técnicos, propone desde hace mucho tiempo una nueva redacción para el art. 162, que tipifica correctamente el delito, con definiciones precisas de hechos y conductas, con lo que se evitaría que, como ocurre con el actual art. 162, verdadera norma en blanco, puedan darse interpretaciones judiciales puramente subjetivas.

Sin embargo, importantes figuras políticas opinaron que a pesar de estar todos de acuerdo, la reforma del Código Penal y en particular del art. 162, debería suspender su trámite mientras estuviera en curso un proceso en que se plantee su posible aplicación. Criterio muy particular, a mi juicio, ya que hace depender una necesaria reforma legal de hechos imprevisibles y ajenos, con lo que probablemente la dilata indefinidamente. Es como si se diera más importancia al "que dirán" que al imperativo de justicia. En fin, son opiniones.

Lo que no me parece opinable es que a través del caso de Lorenzo y Calloia se estarán definiendo en realidad muchos otros casos. Tengo la desagradable sensación de que en los años por venir, y sobre todo antes de la próxima elección nacional, veremos con frecuencia campañas de prensa y actuaciones judiciales relacionadas con el delito de abuso de funciones. Será entonces cuando apreciaremos la incidencia de los criterios jurisprudenciales que en definitiva se apliquen al caso hoy en trámite.

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