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POR ALFREDO ASTI. Transparencia "pour la galerie"

El 20 de diciembre pudo haber sido un buen cierre de año en la lucha por la Transparencia, pero hubo quienes se negaron a la discusión en un acto de mezquindad política El 20 de diciembre pudo haber sido un buen cierre de año en la lucha por la Transparencia, pero hubo quienes se negaron a la discusión en un acto de mezquindad política Montevideo Portal

El pasado jueves 20 de diciembre pudo haber sido un buen cierre de año desde el punto de vista de la lucha por la Transparencia.
En estos días se aprobaron a nivel parlamentario distintas normas que se refieren al tema. Entre ellas, el proyecto aprobado por unanimidad, con voto de los 3 partidos políticos, en la Comisión Especial de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de diputados, que aumenta los controles y la transparencia del régimen de declaraciones juradas de funcionarios públicos y de empresas controladas por el Estado, sobre ingresos, patrimonio y empresas vinculadas.
Hasta el momento las declaraciones juradas de los funcionarios públicos permanecen cerradas y desconocidas para la propia Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) que las recibe cada 2 años, pero desconoce su contenido, salvo en casos excepcionales a pedido de la Justicia o Comisiones Investigadoras. Este proyecto incluye controles sobre las mismas, a la vez que prevé la apertura en más casos, además de una apertura aleatoria de un 5% de las mismas para la verificación y concordancia de su contenido.
Asimismo, en la misma línea de la búsqueda de mayor transparencia, se aprobó en diputados un nuevo régimen de liquidación de viáticos, cuyo objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos en el Parlamento Nacional, que hasta el momento no tiene regulado el uso detallado de los mismos.
Por otra parte, en el Senado se aprobaron la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito y las normas de Ética en la función pública.
Además de los mencionados, la Cámara de Diputados tenía previsto levantar el receso parlamentario para tratar el proyecto de Financiamiento de los partidos políticos, que contaba con media sanción del Senado, con votos de todos los partidos. Lamentablemente, este tratamiento se vio frustrado por dos deplorables circunstancias.
En primer lugar, la reiterada actitud del diputado Darío Pérez, de desconocer, sorpresivamente, lo coordinado en los ámbitos naturales de su Partido Político. Según la Constitución de la República y el Reglamento de Cámara de Representantes, se necesitan 50 votos afirmativos para levantar el receso para tratar cada uno de los temas. El diputado Pérez habló con la prensa y se fue del parlamento dejando a la bancada del Frente Amplio con 49 votos. Pérez había adelantado alguna objeción al texto del proyecto y se habían coordinado modificaciones al mismo, que podían ser presentadas en sala. Como todas las otras veces, no sólo traicionó con su decisión personal al resto de su bancada sino a más de un millón de ciudadanos que en las pasadas elecciones nacionales decidieron, como uno de los ejes de campaña, otorgarle la mayoría parlamentaria al partido de gobierno.
En segundo lugar, también de manera sorpresiva, la totalidad de los legisladores de los partidos de la oposición se negó a aportar alguno de sus votos para permitir discutir el tema, ya que ni siquiera estaba planteada su aprobación por carecerse de los 50 votos necesarios, además de no ser consecuente con la posición de los senadores de sus propios partidos. Cabe acotar que alguno de ellos incluso firmó, junto al Frente Amplio, el informe del proyecto, con la salvedad de pretender extender su vigencia para después de la campaña 2019.
Debemos preguntarnos por qué no se quiso discutir el tema, que significaría un gran avance en la transparencia y control de las finanzas de los partidos políticos, dándole un claro mensaje a la ciudadanía de que todo el espectro político está a favor de la claridad de los fondos que se utilizan para financiar campañas.
Por lo tanto, el diputado Pérez y la bancada de la oposición no quisieron discutir sobre un proyecto que incluía innovaciones respecto de:
1. Las facultades de los Partidos Políticos de fijar contribuciones especiales para su financiamiento a las personas que ocupen cargos electivos, políticos y de particular confianza.
2. El financiamiento público y privado de los Partidos Políticos, sobre el cual se establece en particular que las transferencias de dinero deben realizarse a través de medios electrónicos, al tiempo que se amplía la obligación de rendición de cuentas de los fondos públicos recibidos por los precandidatos participantes en las elecciones internas.
3. En relación al financiamiento privado, una reducción de la colaboración únicamente a personas físicas debidamente identificadas, eliminando el aporte empresarial; así como la fijación de topes para los aportes personales y la obligatoriedad de su realización por medios electrónicos, para asegurar su formalización y trazabilidad.
4. La prohibición de recibir fondos provenientes de personas anónimas, personas jurídicas, asociaciones civiles, comerciales, profesionales, religiosas o de otro tipo.
5. La regulación de algunos aspectos de publicidad, tanto en periodos electorales como no electorales. En particular, se establece el otorgamiento de minutos de teledifusión gratuita en forma equitativa: 50% en la que participan por igual todos los partidos (incluso los que no tengan representación parlamentaria) y otro 50% en función del resultado electoral (téngase en cuenta que esta asignación es mucho más inclusiva y equitativa que la distribución que la ley actual otorga al financiamiento público a los partidos políticos).
6. La ampliación de la obligación de presentar Declaración Jurada (según Ley 17.060) a los precandidatos a Presidente en las Elecciones Internas y a quienes se presenten en las elecciones nacionales a la Presidencia y Vice Presidencia de la República, a quienes se candidateen a Intendencias Departamentales y sus suplentes, así como a los primeros tres candidatos al Senado y los dos primeros candidatos a Diputados y Ediles de cada lista.
7. La definición de que los Estados Contables, Rendición de Cuentas y Contralor se llevarán en libros debidamente rubricados que deberán ser presentados ante el Tribunal de Cuentas para su visación.
8. La institución de diversos controles que organismos como la Corte Electoral y el Consejo de Comunicación Audiovisual deberán realizar, y las sanciones que deberán aplicar en caso de corresponder.
9. La creación de normas en relación a los empleados de los Partidos Políticos obligando a que las personas que desarrollen estas funciones estén amparadas por la legislación laboral vigente.
Este episodio, que podría pasar desapercibido y ser camuflado como una minucia de la actividad cotidiana de la Cámara en donde “simplemente” no hubo quórum para sesionar, esconde un posicionamiento político implícito que es la línea de demarcación insoslayable entre quienes prefieren que no se les controle absolutamente nada, manteniendo la opacidad en el manejo del dinero de sus campañas; y quienes impulsan el manejo transparente y la rendición de cuentas, como es el caso de la bancada de gobierno, con la deshonrosa excepción, claro está, del diputado Pérez.
Luego del receso parlamentario, en febrero, la bancada frenteamplista volverá a poner en agenda este proyecto al que la oposición, con el auxilio del diputado Pérez, le negó este año, ya no la posibilidad de ser aprobado, sino lisa y llanamente la posibilidad de ser discutido.
Al final del día, la ciudadanía deberá tener claras estas circunstancias, para saber quiénes se negaron a la discusión en un acto de mezquindad política, y quiénes impulsaron la transparencia y la nitidez del financiamiento partidario. Al final del día deberá saberse de qué lado de la línea hemos quedado.

Artículo publicado en Montevideo Portal

*Diputado de AU/FLS/FA

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