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Los partidos tradicionales y sus conflictos con la democracia

Los dos partidos políticos más antiguos del Uruguay todavía le deben a la sociedad su autocrítica por sus conflictos con la democracia. Los dos partidos políticos más antiguos del Uruguay todavía le deben a la sociedad su autocrítica por sus conflictos con la democracia.

POR JOSÉ LUIS PICCARDO


Los dos partidos políticos más antiguos del Uruguay todavía le deben a la sociedad su autocrítica por sus conflictos con la democracia.
Son frecuentes, y se acentúan a medida que se acercan los tiempos electorales, las acusaciones de la oposición al Frente Amplio (FA) por presuntas conductas antidemocráticas y desconocimiento del republicanismo. Daría para exponer largamente acerca de la historia del FA, cuál fue su génesis, cómo se constituyó, cuál fue su papel y el de sus principales figuras -comenzando por su líder histórico, Liber Seregni- en la defensa de las instituciones, cuál fue la contribución de la coalición a la recuperación de la democracia y, luego, en el período de salida y en los años posteriores, su aporte en la oposición y en el gobierno a la ampliación de la agenda de derechos democráticos.
Esas recriminaciones incluyen acusaciones de haber practicado la violencia. No hubo una sola familia de soldados o policías que tuvieran que lamentar la muerte de alguno de sus integrantes por acciones del Frente Amplio. No es el caso, claro está, de aquellos que, sin pertenecer el FA, creyeron que se podía cambiar la situación del país mediante la lucha armada. Pero todos los que posteriormente a 1984 se fueron incorporando al FA -incluyendo exparticipantes en acciones armadas, que recibieron como los demás presos políticos torturas injustificables- han demostrado apego a las instituciones y colaboraron, junto al resto de los frenteamplistas y en el sistema político, a la consolidación de la democracia. No se le pueden señalar al FA acciones antidemocráticas ni declaraciones en las que se esboce siquiera un camino que no se inscriba en la Constitución y la Ley.
También hay que decir que la izquierda hizo un proceso de revalorización de la democracia, que supuso rever viejas concepciones en su seno que, al tiempo de reivindicar legítimos ideales de justicia social, apoyaron o no se deslindaron de regímenes y organizaciones de otros países que no respetaron las libertades ni los derechos humanos. Se hizo esa defensa o justificación desde un punto de vista ideológico, contradiciendo la propia práctica y la historia de la izquierda uruguaya, en la que -exceptuando los casos mencionados- no se registran actos de violencia armada o intentos putchistas. Al contrario, sus integrantes han sido las primeras víctimas de tales actos perpetrados por el poder estatal y por organizaciones y personas cuya ideología se ubicó en la extrema derecha.
Los pronunciamientos autocríticos de la izquierda por errores del pasado en sus filas pueden resultar insuficientes, y lo son para buena parte del propio FA. Lo son, sin duda, cuando se intenta justificar o defender regímenes como los de Venezuela y Nicaragua, que nada conservan del espíritu libertario, de la raigambre ética y de la intransigencia ante la injusticia que están en la esencia de la izquierda. Es un asunto que el Frente deberá laudar en la dirección de sus mejores tradiciones. Pero es difícil encontrar en los partidos tradicionales un reconocimiento, efectuado orgánicamente y plasmado en documentos institucionales, de sus propios errores y sus serios conflictos históricos con la democracia.
LOS ATAQUES A LA DEMOCRACIA
En el Uruguay hubo, durante el siglo pasado, dos golpes de Estado (y algún intento más), guerra civil y actos de violencia terribles, incluyendo el asesinato de políticos. Ninguna organización de izquierda participó en ese tipo de hechos, exceptuando, como se señaló, las acciones guerrilleras de fines de la década del 60 y comienzos de la siguiente.
Con relación a los partidos tradicionales no se puede decir lo mismo. El golpe de Gabriel Terra (1933) lo dio un presidente colorado y tuvo el respaldo de sectores nacionalistas. Intentos posteriores de violentar la institucionalidad democrática contaron a colorados y blancos entre sus promotores. Dentro de la democracia, pero desconociendo decisiones del parlamento, el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) gobernó innecesariamente con medidas prontas de seguridad casi permanentes y practicó actos de violencia represiva contra trabajadores y estudiantes, lo que costó la vida de varias personas y coadyuvó a un clima que facilitó el camino a los golpistas. En ese período hubo iniciativas legislativas, votadas por ambos partidos tradicionales, que en nada contribuyeron a la defensa de las libertades. No porque todos sus legisladores, ni siquiera la mayoría de ellos, tuvieran intenciones dictatoriales, sino por errores políticos que solo en algunos casos, muy dignos, fueron reconocidos.
A diferencia del FA, no hubo en los partidos tradicionales unanimidad en el rechazo al golpe de Estado del 27 de junio de 1973. El sector mayoritario del Partido Colorado, el pachequismo, lo apoyó con pocas excepciones. Dos importantes sectores del Partido Nacional, los que encabezaron Martín Echegoyen y Oscar Mario Aguerrondo, también lo hicieron. El presidente golpista Juan María Bordaberry (mandatario constitucional entre 1972 y 1973 y dictador desde 1973 a 1976) había sido electo como candidato del Partido Colorado. Uno de los presidentes de facto, Aparicio Méndez (dictador entre 1976 y 1981), fue dirigente del Partido Nacional y ministro en el segundo gobierno blanco. El Consejo de Estado -organismo que sustituyó al disuelto parlamento- estuvo integrado por numerosas figuras con trayectoria en ambas colectividades. Hay un exministro colorado, Juan Carlos Blanco, que permanece en prisión por delitos de lesa humanidad. Le ahorramos al lector otros ejemplos.
Nada de lo señalado supone desconocer que la mayoría de los dirigentes colorados y blancos rechazaron el golpe y fueron proscritos, al igual que todos los del FA; varios de ellos fueron víctimas de persecución y ataques; en sus filas hay personas que pasaron a integrar la extensa nómina de uruguayos asesinados por la dictadura. El nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz fue asesinado junto a Zelmar Michelini y otros compatriotas en Buenos Aires, y Cecilia Fontana envenenada en lo que fue un intento de asesinato de su esposo, Mario Heber, dirigente del Partido Nacional.
¿Y cómo desconocer la gesta de Wilson Ferreira Aldunate y otros blancos que le acompañaron en el exilio o que sufrieron persecución en el país por oponerse a la dictadura? Asimismo experimentaron hostigamiento del régimen muchos dirigentes colorados, entre ellos los expresidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, que estuvo preso.
RESPONSABILIDADES HISTÓRICAS
Hubo manifestaciones autocríticas por parte de algunos dirigentes blancos y colorados sobre la participación de dirigentes y sectores de ambas colectividades en la dictadura, pero a título personal. Los órganos de conducción de los partidos históricos no aprobaron siquiera una declaración expresa al respecto, aunque, naturalmente, han acompañado la consigna nacional de nunca más dictadura. Hubo desde dentro de las colectividades reclamos de que se asumieran los errores y los horrores, pero hasta ahora no han tenido eco.
Muchos entre quienes señalan a las acciones guerrilleras como la causa de la dictadura -acciones que, sin duda, facilitaron las condiciones y dieron excusas para abolir las instituciones- poco o nada dicen de la represión de aquellos años contra civiles desarmados, los ataques a personas y locales de la izquierda (y también de otros partidos y de organizaciones sociales), el clima generado desde el gobierno y sectores de extrema derecha en la campaña electoral de 1971, que culminó con un escrutinio electoral tramposo, que desconoció el fraude denunciado por Ferreira Aldunate. No puede ignorarse que la represión y las persecuciones prosiguieron -aún en democracia y cuando ya la guerrilla había sido desarticulada, lo que aconteció en 1972, o sea una año antes del golpe- hasta el mismo día del atentado contra la institucionalidad, el 27 de junio de 1973. Las acciones represivas continuaron y se acentuaron después, naturalmente.
Los que con frecuencia han acusado -sin fundamentos- a sectores de la izquierda, o a toda ella, de carecer de convicciones democráticas, ¿cuándo impulsarán o aceptarán que se convoque al Honorable Directorio del Partido Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado para rendirle cuentas a la ciudadanía y a la historia de esta República por las responsabilidades que varios de sus dirigentes y sectores han tenido en la entronización de la dictadura y en la participación como promotores, ejecutantes o cómplices en la violación de los derechos humanos?
A más de 45 años del golpe de junio del 73 la autocrítica no ha llegado. Ojalá, con el correr del tiempo, encuentren las condiciones (y convicciones) para hacerlo. Le haría muy bien a las dos colectividades. Y, aunque tardía, sería también una contribución a la democracia y la verdad histórica.

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