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TLC con Chile. Despejando fantasmas, mirando oportunidades

No es sostenible plantear que este TLC constituye una desventaja para el país y que afecte su soberanía No es sostenible plantear que este TLC constituye una desventaja para el país y que afecte su soberanía @sebahagobian

POR SEBASTIÁN HAGOBIAN


Bajo los gobiernos del Frente Amplio (FA), Uruguay ha logrado avances en materia de ampliación y diversificación de mercados internacionales sin antecedentes en la historia del país. En 2005, el país contaba con acceso a sólo 60 mercados, y hoy esa cifra aumentó a 160, superando la extrema dependencia de los países vecinos. Recordemos la frase “estornuda Argentina y se resfría Uruguay”; hoy ya no es tan así: mientras Argentina y Brasil estaban en recesión, Uruguay siguió creciendo constantemente, en parte debido a esa diversificación.

En cuanto a tratados comerciales con Chile, hay que señalar que, en tanto es un miembro asociado al Mercosur, ya contamos con el total de los bienes liberalizados de aranceles, y que este TLC, básicamente, profundiza en aquellas áreas que el Acuerdo de Mercosur no trató, porque no tiene competencia o porque no hubo voluntad política de los cuatro Estados parte en 1996. O sea, se profundizará principalmente en materia de servicios.

Un informe de Uruguay XXI revela que aquí operan unas 70 empresas chilenas, que generan más de 18.000 puestos de trabajo. Somos el sexto receptor de inversiones de capitales chilenos, con montos que rondan los 4.559 millones de dólares, lo que representa 4,3% de lo que invierte Chile en el exterior. La mayoría de estas empresas operan en el rubro de servicios, por lo que este acuerdo facilitaría nuevas inversiones. Según Uruguay XXI, uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento será el del software, una verdadera industria sin chimenea que en Uruguay encuentra desocupación cero. Chile, sexto destino de nuestras exportaciones de software, le cobra a Uruguay una retención de 15%, mientras que nosotros le cobramos 12,5% de aranceles; el TLC prevé gravámenes mínimos de 2,5%, aproximadamente, para ambos países.
El tratado incluye nuevas modalidades comerciales, que Uruguay considera, por primera vez, en un instrumento de estas características, como el comercio electrónico. Además, incorpora un capítulo sobre medioambiente, que busca la protección de los recursos naturales en los procesos productivos, y otro sobre normas laborales, que garantiza certidumbre a los trabajadores y empleadores de ambos países. Son importantes también las disposiciones en materia de comercio y género, enfocadas en el rol y empoderamiento de las mujeres en el desarrollo económico. Otro capítulo, referente a las pymes, incluye cláusulas que permiten al sector privado un real acceso a los beneficios que brinda el acuerdo. También se estipula un capítulo sobre herramientas para contar con espacios temáticos de cooperación bilateral.

Muchas veces, luego de concretar este tipo de acuerdos que liberan al comercio de las trabas formales, llegan las “barreras no arancelarias”, medidas que impiden el libre flujo de mercancías entre los países. Para evitarlo se crean, por primera vez, dos comités específicos bilaterales, con el cometido de eliminar las restricciones no arancelarias que persisten en nuestro comercio bilateral y que impiden hacer un uso eficiente de la zona de libre comercio. Estos comités tratan sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (por ejemplo, habilitaciones sanitarias, control de plagas, etcétera), y sobre obstáculos técnicos al comercio (reconocimiento de certificados de exportación, estándares técnicos de productos). Hoy Uruguay no cuenta con un ámbito institucionalizado para lograr resultados concretos en estas áreas, así que este acuerdo eliminaría cualquier “trampa” paraarancelaria existente o que pueda surgir.

EL TLC Y EL INTERÉS NACIONAL
Algunos actores políticos y sociales consideran que este acuerdo desprotege y afecta el interés nacional. Sin embargo, el programa de gobierno del FA es claro y establece: “Cualquier tratado bilateral o multilateral deberá garantizar las necesidades y los objetivos del desarrollo nacional. Los términos en que se acepte negociar áreas como normas de competencia, compras gubernamentales y propiedad intelectual, no deberán perjudicar el desarrollo sustentable del país, sus fuentes laborales ni su potestad de aplicar políticas públicas para lograrlo”.

Acorde a este lineamiento programático, en este TLC se logró exceptuar dos sectores sensibles para ambos países: telecomunicaciones y servicios financieros. También se excluyen, en materia de propiedad intelectual, elementos de tres áreas sensibles para Uruguay: derechos de autor, marcas y patentes. Al contar con el Anexo II (Reservas a futuro) se reserva el derecho de adoptar nuevas medidas o más restricciones, en cualquier momento. Los principales sectores reservados son: aviación, pesca, asuntos marítimos, incluyendo el salvamento, investigación y desarrollo, artes e industrias culturales, servicios de entretenimiento, audiovisuales y de difusión, distribución comercial de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, servicios relacionados con el medioambiente, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, energía, gas natural, minería, servicios relacionados con la agricultura, transporte terrestre, servicios sociales, festividades y eventos tradicionales, finanzas públicas. Claramente se resguardó el interés nacional y sectores estratégicos de Uruguay. Por primera vez, nuestro país presentó una larga lista de indicaciones geográficas e indicaciones de origen, que protegen la denominación de nuestros productos.

El programa del FA impulsaba una proyección internacional de Uruguay que priorizara “la integración regional para su inserción en el mundo”. ¿Hay algo que priorice más la integración regional que un tratado que profundiza la relación comercial con un país asociado al Mercosur? Esto no significa salir a firmar indiscriminadamente cualquier acuerdo comercial, sin ningún tipo de reparos. Hay que negociar caso a caso, concretando aquellos que beneficien al país y descartando los otros, como sucedió con el TLC con Estados Unidos y las condiciones “leoninas” que quiso imponer desde las negociaciones.

No es sostenible plantear que este TLC constituye una desventaja para el país y que afecte su soberanía; a su vez, no se lo puede igualar por las claras diferencias de su características ni con el TISA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios), ni con el TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), tratado que con la salida de Estados Unidos ordenada por Trump se encuentra en el CTI. Con este tratado, nuestro país busca mejorar las condiciones de acceso a los mercados internacionales e incrementar sus posibilidades de desarrollo productivo, en el camino de dejar atrás la economía de corte primario, incrementando las posibilidades de los sectores más dinámicos, innovadores y que cuentan con mano de obra altamente calificada, a los que Uruguay debe apostar fuertemente.

Por último, lograr la inserción en las “cadenas de valores globales” resulta estratégico, sobre todo para un país como el nuestro, que fundamenta gran parte de su crecimiento en base a las exportaciones. Al contar con una amplia gama de TLC a nivel mundial, Chile es un Estado “pivote” del comercio internacional. Aprovechar esta situación para combinar producciones y lograr ventajas competitivas es una decisión que depende de nosotros; para eso, será importante dejar de ver fantasmas y concentrarnos en las oportunidades.

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