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Ley Integral de Lavado de Activos

Artículo del diputado de Asamblea Uruguay/Frente Amplio, Alfredo Asti Artículo del diputado de Asamblea Uruguay/Frente Amplio, Alfredo Asti

POR EL DIPUTADO ALFREDO ASTI

El pasado 20 de diciembre, informé en Cámara de Diputados el Proyecto de Ley Integral de Lavado de Activos, el cual fue aprobado definitivamente, sin que haya tenido mucha difusión en la prensa.
El proyecto es de iniciativa del Poder Ejecutivo, y ya contaba desde agosto con media sanción de la Cámara de Senadores habiendo sido votado 27 en 28 en ella. En Cámara de Diputados en general fue votado por unanimidad, 75 en 75, en un bloque armado con la mayoría de los artículos se votó 78 en 79, otros 13 artículos 70 en 79 y 6 artículos votados entre 50 y 52 votos en 79.

Como miembro informante del proyecto, consideramos que esta es una Ley muy importante en la medida que en la actualidad el lavado de activos es una de las cuestiones criminológicas de mayor gravedad institucional tanto en lo nacional como en lo internacional, aparejando un gran impacto a nivel económico y social.

No estamos hablando de un fenómeno novedoso, en tanto día a día ha ido creciendo la preocupación nacional e internacional en relación a la temática del lavado de activos, lo que ha estimulado el desarrollo de una verdadera política de prevención, detección y represión de este tipo de actividades delictivas.

Esta problemática representa un enorme beneficio económico para los criminales ya que permite a los mismos esconder y legitimar ganancias procedentes de actividades ilegales. He aquí la importancia de poder llevar a cabo e implementar un sistema que impida a las organizaciones delictivas disponer de sus ganancias e incrementar así su riqueza y poderío económico. Debemos adoptar todas las acciones necesarias a fin de evitar que los criminales se fortalezcan económicamente y al mismo tiempo tomar las medidas que resulten pertinentes a fin de que el dinero y los activos decomisados puedan utilizarse para fortalecer a las instituciones encargadas de combatir al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

Uruguay como miembro soberano en la comunidad internacional ha internalizado desde hace mucho tiempo las disposiciones de las Convenciones internacionales de ONU, de Viena en 1988 y Palermo en 2000 y el Memorando de Entendimiento de Gobiernos por el que se crea y pone en funcionamiento el grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos (actual GAFILAT), el cual presidimos hace poco tiempo y guía la acción del GAFI en la región.

Hoy en día, la profusa y dispersa normativa existente sobre lavado de activos (Decreto Ley de 1974, leyes de 1998, 2004, 2009, 2012, etc.) hace necesaria una compilación que facilite la tarea de quienes deben aplicarla. Ese es uno de los motivos que expresó el Poder Ejecutivo en su mensaje al enviar este proyecto en 2016, señalando las razones por las que es pertinente crear un cuerpo legal que reúna, ordene y sistematice en esta materia.

En el ámbito internacional nuestro país no escapa a la realidad mundial en donde esta problemática crece día a día, lo que hace imprescindible mantenerse actualizado y en concordancia con los estándares internacionales requeridos, ajustando nuestra realidad a los lineamientos internacionales a los que se ha comprometido el país, especialmente a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Se trata de un conjunto de normas estándares para ser transformadas en legislación nacional por cada uno de los miembros de ese grupo. En ese sentido, Uruguay no puede estar ajeno, sobre todo cuando cada tantos años se hacen revisiones y, como cualquier miembro, tiene que demostrar los avances que va logrando en su legislación nacional.

Con el correr de los años Uruguay ha desarrollado una política de prevención, detección y represión de esta clase de actividades delictivas, que sitúa a Uruguay en los estándares requeridos internacionalmente por los países integrantes de este Grupo.

Para el desarrollo de este proyecto, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo creó un grupo de trabajo en el que participaron el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo (dónde personalmente algunos de los integrantes de la Comisión de Transparencia y lucha contra el Lavado de Activos y crimen organizado tuvimos el honor de participar), el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Banco Central del Uruguay.

Este grupo trabajó bajo la excelente dirección e influencia del licenciado Carlos Díaz, quien fuera Secretario Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y falleciera hace muy poco tiempo. Lamentablemente Carlos no pudo ver los frutos de su incansable trabajo, pero estoy seguro que tenía la convicción de que este día y la aprobación de este proyecto, llegaría.

Este proyecto de ley cuenta con nueve capítulos y setenta y nueve artículos. Casi la totalidad de este proyecto de ley es una compilación elaborada con el objetivo de dar unidad a un solo texto legal y así evitar tener que estar buscando entre más de quince leyes, rendiciones de cuentas, artículos, referencias y decretos, lo cual hace que el seguimiento de cada una de las disposiciones sea muy complicado.

Se consideró la conveniencia por razones de plazos de revisiones internacionales entre pares a las que será sometido nuestro país, el no demorar su aprobación final como segunda Cámara, pese a que pueda haber aspectos a precisar o incluir. Estas posibles precisiones no afectan los objetivos del proyecto y a través de la propia reglamentación o modificaciones legales pueden incorporarse en el futuro junto a la evaluación de la aplicación de la misma.

PRINCIPALES CAMBIOS

1) Organización Institucional, con base en una Comisión Coordinadora (con amplia participación presidida por el Prosecretario de la Presidencia de la República), además de la Secretaría Nacional respecto al combate del lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, y a las relaciones de colaboración de otros organismos del sector público. En este capítulo se incluye también como novedad un artículo que establece la prohibición de que las principales autoridades nacionales tengan vinculaciones con Sociedades Comerciales domicilias en paraísos fiscales mientras desempeñan su cargo público (lo que se suma a varias iniciativas legales de mayor transparencia como la Ley de Transparencia Fiscal Internacional, el Proyecto con media sanción del Financiamiento de los Partidos Políticos, y el Proyecto a estudio de la Cámara de Diputados sobre mayor control y publicidad de las declaraciones juradas de funcionarios públicos.

2) Se establecen normas que procuran lograr que el sistema preventivo sea más efectivo, destacándose la ampliación de la nómina de sujetos obligados no financieros con la finalidad de mejorar la prevención y la detección de operaciones inusuales o sospechosas en áreas que pueden presentar riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, y que no estaban contempladas en la legislación vigente. Entre los nuevos sujetos obligados podemos mencionar a los contadores, abogados además de asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos y cualquier organización sin fines de lucro como por ejemplo las Iglesias.

Se regulan las situaciones en que debe realizarse la debida diligencia de cliente y asimismo se reafirman las garantías de los sujetos obligados. Es de hacer notar que en el Senado se recogieron varias solicitudes de cambios de los representantes de estos sujetos obligados para facilitar su actuación y brindar más garantías. Seguramente la reglamentación que el propio texto encomienda al Poder Ejecutivo, recogerá claramente la diferenciación entre las distintas categorías de obligados por su carácter de financieros o no sobre debida diligencia, conservación de documentación, seguimiento de casos, etc.

3) Se definen normas sobre el delito de lavado de activos, y sus penas (que se mantienen sin cambios respecto a los vigentes). Se destaca la inclusión de nuevas figuras de delitos precedentes, en particular, el fraude concursal y el delito fiscal (para nosotros defraudación tributaria) con determinados umbrales monetarios descendientes en el tiempo, para posibilitar la adecuación al trabajo profesional y empresarial. También se incluyen delitos comunes cometidos por grupos organizados. Para estos delitos, al igual que para el fiscal, se establecen umbrales monetarios a partir de los cuales se los considera como delitos precedentes. Se incluye expresamente el autolavado y se considera al delito de lavado de activos como delito autónomo.

4) Se definen medidas cautelares preventivas específicas, en función de la naturaleza de los delitos, que se consideren imprescindibles para la protección del Derecho del Estado de disponer de esos bienes. Es importante resaltar que con este proyecto de ley Uruguay se pone al día con las cuarenta recomendaciones del GAFI.

5) Partiendo de la importancia que tienen en este tipo de actividad delictiva la posesión y uso de bienes se mejora la normativa anterior sobre decomiso cumpliendo con la Recomendación del GAFI, estableciendo por decisión judicial la privación definitiva de bienes objeto o instrumento de la actividad delictiva.

En definitiva, este proyecto comprende dos grandes pilares: por un lado la necesidad de compilar todas las normas vigentes en materia de lavado de activos en un solo cuerpo legal, independizándolo de la normativa antidrogas que le dio origen y por otro, procura introducir las modificaciones normativas que resultan imprescindibles para superar algunas carencias que actualmente presenta nuestra legislación y elaborar un sistema anti lavado robusto en el que los criminales cuenten con menos margen de actuación.

En el tratamiento en Cámara, si bien como dijimos, la aprobación en general y la mayoría de los artículos fueron votados por la casi unanimidad de presentes, la bancada de gobierno votó íntegramente todos los artículos, mientras que otros partidos o sectores de partidos políticos votaron en contra algunos artículos siguiendo similares alineamientos de cuando se votó la Ley de transparencia fiscal internacional, argumentando en contra del carácter de interés general que tienen estas medidas de transparencia ante la eventual vulneración de intereses particulares. Una vez más apostaron a la opacidad en lugar de a la transparencia.

26 de diciembre de 2017

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