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EMPRESAS PÚBLICAS. A 25 años del histórico referéndum

El pronunciamiento popular de 1992 fue un hito histórico en la defensa de nuestras empresas El pronunciamiento popular de 1992 fue un hito histórico en la defensa de nuestras empresas

POR DANIELA PAYSSÉ


Apenas cincuenta días después de asumir la Presidencia y a las dos semanas siguientes a la aprobación de un fuerte ajuste fiscal, el Dr. Luis Alberto Lacalle, con su firma, distribuyó a los líderes integrantes de la “coincidencia nacional” un borrador de 125 artículos para discutir las pautas para redactar una ley sobre Empresas Públicas.
El 13 de setiembre de 1990 ingresaba al parlamento un proyecto denominado “Ley de modificaciones del régimen de empresas públicas del dominio industrial y comercial del Estado”.
La agenda de las privatizaciones dejaba de ser una propuesta de campaña para pasar a ser parte de iniciativas políticas concretas. Dicho proyecto pretendía eliminar los monopolios estatales en un conjunto de servicios y la privatización total o parcial de otras áreas de actividad económica hasta ese momento en manos del Estado. Entre otros servicios públicos afectados, la ley eliminaba el monopolio de nuestra empresa telefónica estatal – ANTEL, la mayor empresa pública del país – y habilitaba su privatización.
En este contexto, el sindicato de trabajadores de ANTEL (SUTEL) había iniciado un intenso trabajo de estudio sobre la realidad de la empresa. Con la colaboración de sus técnicos, los trabajadores manejaban datos e información que les permitía sostener que la empresa era rentable. Convencidos, y previo a que la ley fuera a votación recorrieron el país dando a conocer su opinión, al mismo tiempo que realizaban un seguimiento exhaustivo del procedimiento parlamentario. En plena discusión parlamentaria del proyecto de ley sobre empresas públicas, la actividad sindical de los trabajadores de telecomunicaciones fue intensa.
La preocupación aumentó cuando empezaron las repercusiones de las privatizaciones en Argentina y el seguimiento que el sindicato le estaba haciendo a las mismas.

Para Susana Dalmás Presidenta de SUTEL ,el trabajo previo tuvo una importancia fundamental; permitió un análisis detallado de la realidad de la empresa y de su viabilidad. A partir del mismo y considerando que el Estado uruguayo había hecho una inversión inmensa para la digitalización de la empresa, no resultaba aceptable ni conveniente su privatización.
Es así que cuando el texto impulsado por el gobierno llegó a consideración parlamentaria, SUTEL ya había iniciado una campaña de lobby entre parlamentarios de todos los partidos y había hecho pública su decisión de utilizar algunos de los mecanismos constitucionales disponibles para intentar la derogación de la ley en el caso en que esta resultara aprobada por las Cámaras.
Y fue esa mujer corajuda, Susana Dalmás presidenta de SUTEL, la que posteriormente presidiría la Comisión Pro Referéndum
Simultáneamente, en vísperas de la votación, la empresa consultora de opinión pública Factum dio a conocer los resultados de una encuesta sobre la aprobación y la valoración que los montevideanos hacían de las empresas públicas. Los resultados revelaron que las apoyaban en la creencia de que ofrecían mayor seguridad.
El 25 de junio de 1991, veintiún senadores alzaron su mano en la Cámara Alta para votar el proyecto que luego pasó a ser la Ley 16.211.
La misma contó con los votos de casi la totalidad del Partido Nacional, no la votó Alberto Zumarán. El Partido Colorado votó la ley, el Foro Batllista y la Cruzada 94 no respaldaron los cinco artículos referidos a ANTEL. Sufragaron en contra el Frente Amplio y el Nuevo Espacio. Meses después la votación sería ratificada por la Cámara de Diputados, en sesiones del 29 y 30 de setiembre y promulgada por el Poder Ejecutivo el 7 de octubre de 1991. Desde la prensa se señalaba: “esta votación comienza a revertir el papel que el Estado mantuvo durante décadas”.
Desde filas del gobierno, al votar la ley el senador Ignacio de Posadas afirmaba, “el Estado es una fuente de insatisfacciones” para la población que soporta … de manera crónica, un déficit persistente, que tiene muy altos niveles.
Desde el Partido Colorado se consideró al respecto de la aprobación de la ley: será el primer paso trascendente que da la sociedad uruguaya para transformarse, modernizarse y ubicar al Estado en una nueva dimensión, adjudicando a las empresas públicas una organización que las haga más competitivas.
Desde la izquierda, el senador Danilo Astori relativizó la afirmación de que “el Estado le cuesta mucho a la sociedad uruguaya” y agregó “más le han costado las consecuencias de las ineficiencias privadas”. Como ejemplo señaló la compra de bancos quebrados que resultaron incobrables por parte del Estado.
En su fundamentación de voto Astori complementaba: quiero aprovechar esta ocasión, no sólo para decir que no hemos votado un proyecto que consideramos altísimamente inconveniente para el Uruguay…….sino que esto puede traducirse en perjuicios para el usuario. Algunos de ellos son muy concretos y los hemos ofrecido en este debate…. y por tratarse de un camino sin retorno – una vez que comencemos a recorrerlo – se torna irreversible
Fue desde el movimiento sindical y luego de la aprobación de la ley que se tomó la iniciativa de ir por el mecanismo del referéndum para lograr la derogación parcial de la ley vinculada a los artículos 1, 2, 3, 10 y 32, iniciativa que fue apoyada por el Frente Amplio.
El senador colorado Carlos Cigliuti, entendía que el Foro Batllista debería aconsejar a sus partidarios votar en contra de la ley de empresas públicas cuando se sometiera a referendo.
Sin embargo, el movimiento pro referéndum encontró una dificultad inesperada. Un grupo minoritario de sindicatos y fracciones del Frente Amplio anunció su intención de promover simultáneamente un referéndum tendiente a lograr la derogación total de la ley. Naturalmente, estas diferencias generaron tensiones considerables al interior de la Central Sindical y del propio Frente Amplio que hicieron que ambas posiciones fueran consideradas.
Para la mayoría del Frente Amplio y el PIT-CNT parecía bastante claro que la iniciativa de derogación total no iba a recoger adhesiones más allá de los límites de algunas fracciones de izquierda
El 5 de julio de 1992 tuvo lugar la primera instancia donde la población de manera voluntaria debía definir si daba o no lugar a interponer el recurso de referendo y si éste sería por la derogación total o parcial de la Ley. Asistieron a las urnas el 20,6% de los ciudadanos habilitados, de los cuales el 18,9% votó por la papeleta blanca (derogación parcial) y el 0,9% por la rosada (derogación total) no alcanzándose el 25% de adhesiones requeridas. Como efecto inmediato, el referendo comenzó a ser identificado con ANTEL.
El 1º de octubre de 1992 se produjo la segunda votación con el 29,8% de la ciudadanía que daba lugar al referendo por la derogación parcial.
El 13 de diciembre de 1992, siete de cada diez votantes se manifestaron por la derogación parcial de la Ley 16.211. Los resultados sorprendieron por el carácter homogéneo del voto.
El intento privatizador había fracasado. Uruguay reafirmaba a sus empresas públicas estratégicas y las consolidaba.
Hoy 13 de diciembre de 2017, a 25 años de este triunfo ciudadano, quiero resaltarlo, y homenajear a quién fue la cara visible de la Comisión Pro Referéndum, la querida Susana Dalmás y proponer que en la Torre de las Comunicaciones haya un espacio que la reconozca y la recuerde.

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